La filosofía política es un campo de estudio interesante, todas las formas posibles e imposibles de gobierno están plasmadas en las amarillas páginas de las enciclopedias, recopilatorios, novelas y manifiestos escritos por un sinnúmero de brillantes mentes que en su genio cada una concibió una forma de gobierno desde su perspectiva más integra y más moralmente aceptables, entre esas figura la llamada doctrina del minarquismo, una doctrina política que busca ante todo la reducción de un estado al mínimo, limitándolo solamente a cumplir labores de construcción, administración y seguridad, todo ello bajo la excusa de que los diferentes apéndices del estado sirven a fines opresores ulteriores, generan gasto innecesario y ocupan un espacio que podría ocupar la empresa privada (ente que dentro del minarquismo es el de mayor libertad puesto que solo se mueve bajo preceptos individualistas), a todas estas creo que podríamos hablar de que con la disolución y fusión de algunos ministerios se estarían cumpliendo preceptos de tipo pragmático que más de un politólogo podría considerar enmarcado bajo los preceptos minarquistas, sin embargo el gobierno en su tradición de cometer errores de cálculo de proporciones colosales (errores que por ejemplo nos costaron veinte mil millones de dólares por parte de CADIVI) cometió un error, que más que error podríamos llamar un vulgar disparate institucional y no es más que la supresión del órgano rector de gestión ambiental, con una data que parte de la Ley Orgánica de la Administración Central (28/12/1976) denominado en ese entonces Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales Renovables y luego según Decreto sobre Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Nacional (G.O. Nº 39.163 22 de abril, 2009) se denominó Ministerio del Poder Popular para el Ambiente y los Recursos Naturales.
Como ecologista me molesta y me perturba que se pretenda cerrar dicha institución que con todos sus vicios y problemas, sirvió como un modelo a seguir, modernizante de la Administración Pública y en muchos países del mundo, al plantear la incorporación dentro de la estructura y organización institucional del estado moderno el tema ambiental, con un órgano rector responsable y de gestión, capaz de introducir cambios sustanciales dentro una creciente toma de conciencia, sobre la necesidad de desarrollar una acción efectiva de conservación del patrimonio ecológico y el desarrollo sustentable.
Sorpresivamente de un plumazo este Ministerio hace días fue fusionado y se creó el Ministerio del Poder Popular para Vivienda, Hábitat y Ecosocialismo, pasando a ser un Vice Ministerio. Esta fractura puede tener dos macro lecturas: a) El delirante frenesí de construcción a raja tabla de un inédito modelo político/ideológico, cuyas coordenadas no tienen parangón, ya que si tomamos como ejemplo el modelo cubano encontramos el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, encargado de la gestión ambiental ; b) la desidia de régimen en su relación incestuosas de aprovechamiento de los recursos naturales y su economía mercantilista, rentística/extractiva, afianzado en un modelo de expansión petrolera incontrolable, que afecta frágiles ecosistemas y la biodiversidad, interviene los hábitats indígenas, con entregas a empresas extranjeras en perjuicio de nuestra soberanía, y ojo eso no es capitalismo, eso es este mismo sistema que estamos viviendo y eso es precisamente lo que lo hace tan particularmente peligroso.
Estos indicadores se contradicen con el denominado ecosocialismo, entendida como una corriente de pensamiento encaminada a un nuevo sistema socioeconómico, basado en la sustitución del modelo capitalista de producción, por uno alternativo de racional utilización de los recursos naturales y su equitativa distribución y tiene como eje central la transición o conversión energética fósil (petróleo, gas y carbón) hacia fuentes alternas (hídrica, biomasa eólica, solar y geotérmica) con las cifras en las manos yo me atrevo a decir que con un gobierno con un poco más de proyección estadista y un poco menos de proyección demagoga podríamos tener un sistema político-administrativo de corte ambiental y que no afectaría nuestra forma normal de vida debido a que a diferencia de otros naciones Venezuela, geográficamente hablando tiene solo utilizando el occidente del país la capacidad de generar energía limpia de forma suficiente como para complementar los kilowatts que hacen falta al sistema eléctrico nacional y al mismo tiempo incluso generar excedentes que nos permitiesen vender energía y así generar dinero, todo eso naturalmente sin afectar nuestro delicado ecosistema ni ejercer efectos negativos sobre la huella de carbono.
Existe actualmente un debate en cuanto a la implantación de modelos de desarrollo en relaciones armónicas con la naturaleza, como fuente proveedora de recursos para la producción de bienes y servicios y tiene como punto medular el cambio de la plataforma energética fósil por alternas, crítico con los modelos capitalistas y comunista (y sus variables) en las relaciones de producción y distribución del capital natural. El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) define a la economía verde como “aquella que resulta en la mejora del bienestar humano y la equidad social, al mismo tiempo que reduce significativamente los riesgos ambientales y las escaseces ecológicas.” Y se apoya en tres estrategias principales: 1) la reducción de las emisiones de carbono; 2) una mayor eficiencia energética y en el uso de recursos; 3) la prevención de la pérdida de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos.
Y particularmente dentro de la corriente del ecosocialismo su frase bandera es: “para ser socialista hay que ser primero ecologista”, contrarios a una visión mercantilista del patrimonio natural, característico del modelo económico del régimen, que no tiene ni el más mínimo asomo de enmienda: en el 2010 Venezuela sólo por el consumo de combustibles fósiles, emitió 180 millones de toneladas de CO2, equivalente a 6,3 toneladas por persona, casi cinco veces el promedio de Colombia, el triple de Brasil y 50% superior al de Argentina. Duplicamos la emisión permitida, en casi un 43% el promedio mundial y se está 130% por encima del promedio para América Latina y el Caribe.
Pareciera que la palabra ambiente le es demasiado incómoda al actual gobierno que está centrado en un proyecto de desarrollo eminentemente anárquico e improvisado, economicista/ antropocéntrico, reñido con las más elementales relaciones de respeto al ambiente, queriendo hasta borrar el término de nuestro léxico como especie de sacrilegio o “sacudón“ institucional
El blog de Daniel 